* Ecóloga, Profesional responsable, Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP), Quibdó, Chocó.
e-mail: taticologa@gmail.com
Recibido: Julio 31, 2009    Aceptado: Agosto 14, 2009


La conservación y sus mecanismos han generado discusiones a nivel institucional y social por cuanto su aplicación es compleja y debe responder a un proceso vinculado a la planificación orgánica del territorio. El tema está sujeto a retos que van desde la planeación hasta la percepción ambiental que los actores territoriales tienen de la diversidad biológica, de las dinámicas de transformación y de la conservación. Las particularidades étnicas y riqueza natural del Chocó biogeográfico hacen necesario revisar las formas de intervenir el territorio y en consecuencia, el objetivo de este artículo es reflexionar respecto a la inclusión de otras lógicas de ordenamiento territorial para contribuir al desarrollo y la conservación, acciones que están determinadas por el interés social y la necesidad de responder a situaciones de riesgo ambiental. Es determinante para la conservación articular percepciones de actores territoriales para dar legitimidad social a gestión en conservación, mediante acuerdos sociales con arreglo a normas relacionadas con el tema.



The conservation and its mechanisms have generated institutional and societal level discussions since its implementation is complex and must satisfy the planning process linked to organizational planning. The issue is subject to challenges ranging from planning to environmental perception that territorial actors is of biological diversity, the dynamics of transformation and conservation. Of ethnic and natural wealth of the Choco biogeographic make it necessary to review ways to intervene in the territory, the aim of this paper is to reflect on the inclusion of other land management logic to support the development and conservation actions are determined by the interest social and the need to respond to situations of environmental risk. It is crucial for conservation articulate perceptions of territorial actors to provide social legitimacy in conservation management through social arrangements in accordance with rules related to the topic.



La conservación es parte de un proceso concertado y planificado que surge por las aceleradas dinámicas de transformación que afectan la diversidad biológica mundial, se centra en los impactos adversos generales ocasionados por oportunidades de comercio sobre la oferta ambiental y por ende, contempla los sistemas productivos imperantes y las formas de ocupación del territorio. Las áreas protegidas son un mecanismo de la conservación para permitir, mediante objetivos específicos, contribuir a la permanencia de la biodiversidad. Sin embargo, los adelantos en este tema se enfrentan a limitantes, el concepto de diversidad biológica es entendido de manera limitada y las áreas protegidas como mecanismo de conservación tienden a quedar ligados a percepciones diversas que dificultan el desarrollo de este tipo de iniciativas.

Estas iniciativas y sus resultados requieren de acciones conjuntas que implican definir de la manera más clara posible los conceptos que «permiten encaminar un proceso concertado enfocado hacia el establecimiento de nuevas áreas protegidas como una herramienta para la conservación de la diversidad biológica» (Convenio de Diversidad Biológica). Designar una zona bajo alguna figura de protección sea parque, refugio o reserva de la biosfera, no es sólo el primer paso sino una parte de la estrategia hacia la conservación de la diversidad biológica (Primack y Ross 2002). La situación deseada de manejo se fundamenta en la noción del manejo efectivo, definido como aquel que se acerca al logro de los objetivos de conservación mediante un proceso legitimado socialmente y de gestión eficaz; de ahí la importancia de buscar la articulación en los conceptos que ordenan el territorio y las acciones entre los actores regionales de la conservación.

La institucionalización del tema medioambiental en las últimas décadas constituye un factor central de este proceso, a través de la aplicación de políticas, formulación de nuevos marcos jurídicos, aprobación de acciones por parte de distintas instancias gubernamentales y movilización de importantes recursos financieros que se englobaron bajo el paradigma del desarrollo sostenible y la conservación.

Las dinámicas puestas en marcha en las áreas que componen el sistema de áreas protegidas, no sólo han modificado profundamente los contextos tradicionales de acceso, propiedad y uso del entorno biológico, sino también, como es lógico, de las percepciones, valoraciones y expectativas de la población sobre esas áreas.

Un caso que ejemplifica el grado de «apropiación» del significado de conservación es la movilización de amplios sectores sociales e institucionales del departamento del Valle del Cauca a causa de la propuesta de llevar a cabo una obra de infraestructura portuaria en inmediaciones de un área colectiva con altos valores para la diversidad biológica considerada para la declaración de un área nacional protegida. Esto se puede llegar a considerar (según el enfoque) como una muestra de movilización bajo la consigna de que la conservación del área constituirá un bien público de beneficio directo para la población del lugar, del departamento y del país. Sin embargo, la misma iniciativa dejó ver la fuerte prevalencia del componente natural sobre los sistemas sociales asociados con el área.

Este hecho agitó la discusión sobre la «legitimidad» de los proyectos sectoriales respecto a la conservación del medio ambiente y los derechos de participación de las comunidades locales, puesto que falta fortalecer el estudio de los valores, actitudes y representaciones sociales sobre el medio ambiente y la conservación de las poblaciones étnicas.


La complejidad de un territorio se puede medir por la diversidad de sus elementos y la cantidad de interrelaciones entre ellos, así como por la magnitud de la información necesaria para describirlo de manera adecuada. Carlos Matus dice que la planificación es la reflexión que antecede a la acción, John Friedman dice que el plan es la mediación entre el conocimiento y la acción¹. La necesidad de ordenar el territorio responde a un proceso nacional desde un enfoque ambientalista con una tendencia economicista neoliberal que es asumido por las corporaciones, municipios y sectores intergremiales.

La planificación responde a un interés por atender las problemáticas ambientales ocasionadas por el desajuste entre la oferta y la demanda ambiental percibidos y declarados por los actores del desarrollo en un momento dado, a causa de la realidad suscitada por la pérdida de sensibilidad hacia el medio natural de esta última fase de la industrialización desmedida en su versión capitalista. Bajo este contexto, como lo expresa Drews, el ordenamiento ambiental haría referencia al proceso de ajuste entre oferta y demanda ambiental, que obedece a patrones culturales, tecnológicos, económicos y sociales. Aunque siempre existe una lógica de ordenamiento, es mejor hacer referencia a reordenación cuando se trata de un instrumento de gestión de una institución designada a intervenir en este tema.

Un aspecto que es importante destacar es que estos modelos de ordenación responden a procesos de desarrollo, por lo general definidos por una cultura occidentalizada que se autodetermina desarrollada, sobre algunas sociedades que pueden poseer un equilibrio interno vigoroso y un ordenamiento armónico entre su cultura y el ambiente pero bajo principios que excluyen un crecimiento económico desmedido, lo que los neutraliza en el contexto desarrollista y los ubica como subdesarrollados o en vía de desarrollo mientras se ajustan a los lógicas imperantes.

Esas otras lógicas manifiestan que «para ordenar el territorio hay que ordenar el pensamiento, o sea que el ordenamiento territorial tiene dos partes: lo espiritual que se refiere al pensamiento y lo físico que se refiere a la tierra. Para nosotros esas dos partes no se pueden separar, siempre están unidas, pues el territorio es uno solo»². Tal como lo expone Correa (2008) esta descripción del proceso evidencia las identidades sociales y las configuraciones culturales presentes en los territorios, y la diversidad de percepciones, usos y ecosistemas que las sustenta, las que, vale la pena aclarar, difieren de forma significativa entre las selvas húmedas (Chocó biogeográfico y Amazonía) y Los Andes.

El proceso de ordenamiento del territorio en áreas étnicas en donde la cultura es la expresión de los mecanismos de apropiación y desarrollo acordes con las condiciones ambientales del entorno que por definición son configuraciones histórico-culturales del medio físico, prevalecen diversos sistemas de identidad desde un enfoque culturalista ligado a sus complejas cosmovisiones y a sus prácticas productivas que son fruto de reconstrucciones culturales articuladas a las calidades del entorno; como lo expresa Andrade (2007), «el estudio de mosaicos culturales en el bosque ha demostrado la coexistencia de la biodiversidad cultural (cultigenos, variedad y agroecosistemas) con la diversidad del bosque».

Esta dinámica o interacción diversidad natural y cultural se contempla en la Constitución Política de 1991, cuyo Artículo 7 reconoce y protege la diversidad cultural de la Nación y en el caso de comunidades afrodescendientes el Artículo transitorio 55 reconoce a las comunidades negras, sus prácticas tradicionales de producción y el derecho a la propiedad colectiva donde se establecerán mecanismos para la protección de la identidad cultural y para el fomento de su desarrollo económico y social. Asimismo la Ley 21 reconoce las aspiraciones de esos pueblos (indígenas) a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico, y a mantener y fortalecer sus identidades. De ahí entonces cabe anotar que los procesos de conservación y protección de áreas deben estar enmarcados casi necesariamente en procesos de desarrollo con acertado manejo del ambiente, sustentado en bases participativas, tal como lo sugiere la Decisión 28 de la Séptima Conferencia de las Partes (COP 7) del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) 2004³.

Todo lo anterior involucra dos criterios a contemplar en la planificación de la conservación, los conceptos de uso que involucran la vocación de las áreas y la percepción cultural del territorio, de tal forma que permitan el desarrollo pleno de gobernabilidad y uso de acuerdo con los elementos consagrados en la ley para territorios étnicos en el marco de los objetivos de conservación y sus mecanismos.

Relación hombre-entorno. El cambio global como lo expresa Motta, no debe mirarse sólo en la medición de fenómenos de cambios en la cobertura, el clima y pérdida de diversidad biológica, también hay que explicarlos en las acciones humanas que los provocan; por ello es determinante para la conservación saber cómo los grupos socioculturales perciben y valoran el ambiente que se observa de manera diferente de acuerdo con los sistemas de percepción de las personas y de sus costumbres de supervivencia. Cada grupo socialmente cohesionado tiene una percepción diferente de una misma realidad.

En este sentido, el «mundo» es una idea que implica diferentes representaciones e interpretaciones de lo real. Muchas intenciones y acciones asumen que las palabras o términos usados poseen un único significado; sin embargo, los objetos y acontecimientos no tienen el mismo sentido para todas las personas. Ocurre lo mismo en los universos simbólicos basados en creencias, valores, informaciones, costumbres, etc. que se transmiten a través de la tradición y la comunicación social, tal como lo demostró De la Fuente Caussin (2005) en la definición de los esquemas de representación social de la conservación en Amboro-Madidi⁴.

En la región del Chocó biogeográfico, donde convergen diversas formas de expresión y organización social, es de gran importancia reconocer actores desde su contexto; Douglas North y otros neoinstitucionalistas le asignan una importancia fundamental a las instituciones culturales en las que se ha desarrollado una sociedad. En nuestro caso hemos visto que no parece existir en la actualidad un solo contexto cultural que guíe el comportamiento ambiental de los colombianos, sino, al contrario, muy diversas raíces ideológicas⁵, que están aún vigentes.

La clave para una adecuada conservación y un acertado manejo del ambiente lo constituye en general la cultura  a través de los individuos portadores de la misma, que implican en muchos casos un enorme conocimiento de la base natural, que es lo que finalmente orienta la toma de decisiones (e incluso la creación de normas). Es a partir de esta elaboración como se pueden construir alternativas de desarrollo que lleven a los grupos humanos a perpetuarse en el tiempo y en un espacio, siendo a su vez consecuentes con su cultura y con la armonía de los ecosistemas que habitan, generando una nueva sinergia invisible al saber común pero palpable para la gestión de áreas protegidas.

Aún no se tiene de manera clara, para el tema de la conservación, la percepción común que las comunidades poseen sobre las áreas protegidas, en donde se muestre un significado central (una representación social) constituido por elementos que señalen que un área protegida se concibe o se entiende como un espacio físico destinado a la conservación exclusiva de los recursos naturales, renovables y no renovables, que cumplen con unos objetivos específicos que contribuyen a la conservación y a las cuales se pueden sumar elementos desde la cultura, que permitan preservar el equilibrio de las áreas con altos valores para la biodiversidad.

Contrario a interpretarse como un esfuerzo conjunto, los pobladores perciben que antes de la creación de los parques, ellos (los grupos étnicos) protegían y cuidaban su medio ambiente con costumbres y tradiciones ancestrales, asegurando que por esa razón existen aún en muchas partes de la región una gran cantidad de recursos naturales. El hecho de proteger (Decreto 622 de 1977)⁶, en el saber común de gran parte de las poblaciones rurales, se tiende a interpretar como un mecanismo de control externo que afecta (limita) el uso de los recursos y la autonomía de las comunidades locales sobre sus territorios.

En esta perspectiva, se percibe la conservación desde las comunidades como un proyecto casi imposible de alcanzar; un área protegida es entonces un espacio protegido por ley con muchas «prohibiciones, restricciones y control», con escasas alternativas de desarrollo para las comunidades, por lo que ¿quien garantizará en estas condiciones la efectividad de la medida de protección? Genera además desafíos en el tema de gobernabilidad y autonomía al considerarse que por presión de externos se sobreponen intereses a los órdenes de la comunidad. Como lo expresa Andrade, el conflicto socioambiental prolongado, los nuevos arreglos culturales y la nula aplicación de incentivos para la conservación aumenta el desequilibrio que ocasiona el desajuste que se genera entre la oferta y la demanda ambiental.

Un medio para lograr este hecho es mediante la participación. Asimismo, las instituciones se deben desarrollar de forma paralela a los procesos de participación comunitaria, respondiendo así a las necesidades de gestión de la conservación en la región y la intención internacional donde se reconoce que muchas comunidades indígenas y locales, dependen de los recursos biológicos de su entorno y que los conocimientos tradicionales pueden contribuir a la conservación y a la utilización sostenible de la diversidad biológica, dos objetivos fundamentales del Convenio de Diversidad Biológica.

Establecer representaciones sociales de los esquemas de conservación basadas en los usos, costumbres y/o tradiciones es fundamental para lograr un entendimiento real de las percepciones de la conservación como lo definen las comunidades de Bolivia: «La protección y cuidado de un área se realiza, principalmente, para el bien común, es decir, que la conservación beneficia a todo ciudadano del país y del mundo (De la Fuente 2005) y así lograr una gestión eficaz de la conservación.

Cultura y conservación. Los territorios colectivos situados en el Chocó biogeográfico constituyen un pilar fundamental para cualquier política relativa a la conservación y al uso sostenible de la diversidad biológica, pues las áreas protegidas y territorios colectivos suman 65% de la extensión de la región, áreas estratégicamente excluidas del mercado de tierras, pero que en el caso de los territorios colectivos no son específicamente áreas protegidas bajo una categoría de manejo y representan una oportunidad para los mecanismos de conservación, cuando se logre la participación efectiva de las comunidades.

Si bien es cierto, tal como lo expresa Andrade (2007), en Colombia, conforme a la tendencia mundial, el modelo convencional de conservación dio un viraje en 2001 con la promulgación de la política de participación social en la conservación «parques con la gente» (UAESPNN 2001), que propuso que la conservación no se podía lograr sólo mediante la aplicación del control y vigilancia, sino a través de acuerdos con los habitantes en sus zonas de influencia; esos acuerdos responden sobre todo a procesos al interior de las áreas ya declaradas que se traslapan o se encuentran en inmediaciones de territorios colectivos de comunidades étnicas.

Pero es bajo la intención de la declaración de nuevas áreas que se debe formular y poner en marcha una estrategia que implique una construcción real de articulación entre la cultura presente y las nuevas medidas que sobre el territorio se deben implementar para garantizar la conservación.

Los significados de la conservación, entendida como uso sustentable de la naturaleza, no son nuevos; se trata de elementos esenciales de la cosmovisión de las comunidades étnicas y de los que se generan conocimiento y prácticas sociales respecto a los recursos y al territorio. Sin embargo, la interacción entre los conocimientos emanados de las ciencias del Estado, en los distintos niveles de sus acciones y de estos «saberes», genera nuevas significaciones  que, a su vez, alimentan los sistemas de valores, estereotipos, expectativas, usos y prácticas sociales, en las cuales se debe indagar desde la perspectiva general de los procesos de conciencia social y de las representaciones sociales de las culturas locales, porque mientras las medidas de protección se alejen de la realidad, los objetivos para la protección de la diversidad biológica estarán cada vez más limitados.

Aunque es casi innecesario mencionar que los disturbios y las medidas de control son en general antrópicas, es importante contemplar que si bien los sistemas naturales tienen sus propias dinámicas, los sistemas sociales también; así, los términos conservación, medio ambiente, área natural protegida y otros, significan nociones nuevas o quizá polisémicas, que son importantes en las representaciones sociales sobre ellas y el modo en el que la población asocia, en su saber y conocimiento, realidades muy diversas. El objetivo no es, sin embargo, estudiar esa compleja realidad, sino una parte de ella, que es el «saber del sentido común», o en otros términos, las representaciones sociales (objeto social de conocimiento) en las que convergen actitudes, creencias, prejuicios, expectativas y prácticas de la comunidad respecto a la conservación y las áreas protegidas.

Es importante que las áreas protegidas como mecanismo de conservación no se conviertan en una alternativa social para frenar dinámicas de transformación ambiental ocasionadas por proyectos sectoriales portuarios, mineros u otros.

Áreas protegidas y sus componentes. Un área protegida es un proceso de conservación in situ que debe contar con un proceso de ordenamiento interno e insertarse en el ordenamiento territorial y además cumplir con objetivos de conservación que finalmente medirán el éxito de la iniciativa. El marco conceptual institucional de áreas protegidas está determinado con claridad en la Ley 165 de 1994.

El Convenio de Diversidad Biológica (CDB), define así un área protegida «se entiende como un área definida geográficamente que haya sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación» (Artículo 2). Esta definición pertenece al acuerdo mundial cuyo enfoque se refería a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, mediante una participación justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los recursos, lo que implica niveles de gestión que se justifican por su contribución a la conservación.

El concepto de área protegida tal y como se concibe en la actualidad está en esencia determinado por la creación del parque nacional Yellowstone (1872) en Estados Unidos, que fue establecido con el claro propósito de preservar a perpetuidad un área natural e impedir que fuera objeto de ocupación humana y explotación destructiva. Sin embargo, esa realidad desconocía la realidad de naciones latinoamericanas donde la ocupación de bastas extensiones naturales está asociada con culturas prehispánicas y de procedencia histórica africana que están siendo o ya son reconocidas en las legislaciones nacionales.

Para 1962 durante la primera conferencia mundial sobre parques se evidenció que la denominación de parque natural tenía diferentes significados y percepciones distintas en los países del mundo, lo que permitió precisar criterios para los parques nacionales y reservas equivalentes.

Si bien los pasos metodológicos que llevan a la declaración de un área protegida (caracterización, delimitación, zonificación, plan de manejo, declaratoria) se encuentran establecidos y contemplados en la norma⁷, la definición hasta la fecha no permite determinar con debida exactitud cuáles son las categorías que se pueden asignar a las áreas de interés para la biodiversidad de acuerdo con los arreglos naturales y qué lineamientos orientan su manejo. Vásquez y Serrano (2009) consideraron 14 categorías de protección aplicables en todo el territorio nacional⁸ aunque existen otras categorías de manejo de áreas protegidas declaradas⁹.

Es importante en este caso tener presente como lo describe Ponce de León (2005) «el hecho de que un municipio determine en el POT que una parte de su territorio se considera suelo de protección, no constituye una declaración de área protegida»; pues el ordenamiento determina las consideraciones sobre el suelo e indica el interés de proteger; sin embargo, es necesario después desarrollar las acciones de gestión que garanticen la restricción de actividades que no contribuyan a la conservación bien sea mediante la declaración de una categoría de protección nacional, regional, municipal u otro mecanismo de conservación.

Adicional a las consideraciones específicas de las áreas protegidas, existe en la áreas étnicas una distancia considerable entre las categorías jurídicas y la aplicación de los objetivos de manejo, lo que se sustenta sobre la relación hombre-entorno que construyen las comunidades étnicas, así como un desconocimiento de esos objetivos y una vinculación insuficiente de los actores que contribuyen a la gestión de las áreas.

El marco conceptual determina la categoría de protección, de acuerdo con las características naturales de las respectivas áreas, para su adecuada administración y para el cumplimiento de los objetivos señalados por la conservación, que difieren de las percepciones y en ocasiones de los planes que para las respectivas áreas tienen otros actores de la región. La conservación no se debe convertir en salvavidas, mediante las áreas protegidas, de un conjunto de especies en un territorio en degradación; debe ser un modelo de desarrollo planificado e incluyente. La zonificación no implica que las partes del área reciban diferentes grados de protección, sino que a cada una de ellas se debe dar un manejo especial a fin de garantizar su perpetuación, regulando el uso y funcionamiento de áreas con valores significativos para la diversidad biológica a la cual se asocian en general formas de desarrollo social, con lógicas que no sustentan su desarrollo en el desmedido crecimiento económico pero sí en la capacidad productiva del territorio.


La importancia de incluir a los actores y sus niveles de percepción respecto al tema de la protección de áreas, es que logra englobar una gestión para contribuir de manera efectiva con el desafío de preservar la variedad global de todas las especies, los genes que éstas contienen y los ecosistemas en que ocurren, que obedecena unos patrones de distribución espacial.

La representación social, como proceso de decodificación y matriz de lectura de la realidad, puede contribuir a esclarecer la dinámica de las relaciones entre las personas, el grupo social y el medio biótico, mostrando el carácter sistémico y complejo de las cuestiones relativas al medio ambiente y ayudándonos a comprender las dinámicas que llevan a la toma de posiciones de los diferentes actores, así como los puntos de conflicto entre grupos sociales.

En las iniciativas institucionales sigue estando ausente la visión que integra al ambiente y la cultura que coexiste con la diversidad natural de la región. Existe la necesidad de hacer un llamado a incluir iniciativas comunitarias que promueven la diversidad de la región sustentadas en la base del desarrollo de las comunidades.

La iniciativa de declaración de un área protegida requiere una valoración general que permita de manera clara establecer los alcances y equilibrar el proceso de desarrollo. Ello implica identificar elementos ausentes que se deberían incluir para avanzar en la adopción y reconocimiento de las formas de protección de la diversidad aplicadas por las instituciones y por las poblaciones de la región, incluyendo los marcos legales y realidades políticas de la región.

En la visión de ordenamiento comunitario y perspectivas de desarrollo local, deben hacer parte las áreas protegidas y las iniciativas de conservación. Así, el proceso de creación es una acción orientada a integrar a los diferentes actores que forman parte de la gestión ambiental de los territorios, para definir las estrategias que permitan cumplir con los fines de conservación por medio de objetivos de interés mutuo. Con ello se esclarece que el proceso va más allá de identificar ecosistemas estratégicos que sustenten el interés de conservación, lo que implica integrar propósitos e intenciones que se generan en y para, un área protegida.


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